Experiencias de Colombia, Brasil y Chile mostraron que la participación temprana de las comunidades puede reducir conflictos, fortalecer proyectos energéticos y ampliar los beneficios de la transición.
La participación temprana de las comunidades, la construcción de confianza y la generación de valor compartido se consolidan como factores estratégicos para el desarrollo de proyectos energéticos en América Latina y el Caribe. Así lo evidenciaron experiencias de Colombia, Brasil y Chile presentadas durante el webinar regional Transición energética justa presentado por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), como parte de la implementación de su agenda regional de participación ciudadana.
Durante la apertura, el secretario ejecutivo de OLACDE, Andrés Rebolledo, señaló que las transiciones energéticas no son solo cambios tecnológicos; deben abordarse de manera sistémica, incorporando a las comunidades de los territorios mediante transparencia, participación y mecanismos que permitan generar valor compartido en los proyectos energéticos. Destacó además la importancia los aprendizajes abordados que contribuirán al desarrollo del Protocolo Regional de Participación Ciudadana y del Banco Regional de Experiencias, como parte de la implementación de la Decisión Ministerial LV/D/581.
En La Guajira, Colombia, se expuso que los conflictos socioambientales pueden generar interrupciones operativas con costos de hasta US$20 millones por semana en proyectos de gran escala. Juan Camilo Potes, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), presentó una experiencia de transmisión eléctrica que involucró más de 280 procesos de consulta previa con comunidades indígenas, junto con iniciativas de fortalecimiento de capacidades, infraestructura y desarrollo productivo.
Desde Brasil, Henrique Frota, del Instituto Pólis, señaló que el 46% de las familias con ingresos de hasta un salario mínimo destina la mitad o más de sus ingresos a energía, mientras que solo el 3% de los subsidios analizados para sistemas solares beneficia a hogares de bajos ingresos. Experiencias de generación solar comunitaria en São Paulo han permitido reducir alrededor del 75% del gasto energético de las áreas comunes de viviendas sociales, evidenciando el potencial de las renovables para ampliar los beneficios sociales de la transición.
Sara Larraín, de Chile Sustentable, explicó que el país acordó retirar 28 unidades termoeléctricas a carbón hacia 2040 y que, frente a una meta inicial de ocho cierres para 2025. Al finalizar ese año habían salido de operación 14 centrales. Cecilia Dastre, jefa de la División de Participación y Diálogo del Ministerio de Energía de Chile, añadió que reemplazar la generación a carbón requerirá aproximadamente tres veces esa capacidad en energías renovables, además de nuevas líneas de transmisión y almacenamiento.
Frente a este desafío, Chile impulsa mesas de diálogo entre comunidades, municipios y empresas, así como proyectos fotovoltaicos comunitarios de alrededor de 300 kW con financiamiento público-privado.
Las experiencias abordadas coincidieron en un principio: incorporar a las comunidades desde las etapas iniciales permite identificar riesgos, mejorar el diseño de los proyectos y avanzar desde esquemas de compensación hacia relaciones de largo plazo y beneficios compartidos. Para OLACDE, este intercambio forma parte de un proceso regional que continuará con nuevas actividades orientadas a fortalecer la participación ciudadana y sistematizar buenas prácticas para las transiciones energéticas de América Latina y el Caribe.
