Un estudio de CATF y el OEMLAC de OLACDE revela que la región puede recortar más de 3,6 millones de toneladas de metano al año con tecnologías existentes y a bajo costo.
Frenar el cambio climático en América Latina y el Caribe también es un buen negocio. Un nuevo estudio presentado por Clean Air Task Force (CATF) durante el webinar “Cuánto cuesta reducir el metano? Opciones de mitigación y costos en América Latina y el Caribe” del Observatorio de Emisiones de Metano de América Latina y el Caribe (OEMLAC) de OLACDE y el Observatorio de Emisiones de Metano (OEMLAC) de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) demuestra que la región puede eliminar más de 3,6 millones de toneladas de metano al año en el sector de hidrocarburos, implementando tecnologías que en gran medida se pagan por sí solas.
El informe evaluó el impacto en nueve países de la región —con especial énfasis en Argentina, Brasil y México— y analizó las cuatro fuentes principales de fugas y desperdicio en la industria del petróleo y gas:
- La quema en antorcha (flaring).
- Las fugas no detectadas en infraestructuras.
- La evaporación en tanques de almacenamiento.
- El escape en válvulas y sistemas neumáticos.
Soluciones accesibles y rentables
La investigación concluye que la mayor parte de estas reducciones se pueden lograr a costo bajo o incluso negativo, ya que el gas recuperado se puede comercializar. Entre las medidas más efectivas destacan la implementación de programas de Detección y Reparación de Fugas (LDAR) mediante cámaras de imágenes ópticas de gas (OGI), la instalación de unidades de recuperación de vapores en tanques y la modernización de sistemas neumáticos hacia opciones de cero emisiones.
Aunque la rentabilidad varía en cada país según los precios del gas local, las tasas de interés y la regulación vigente, el diagnóstico es claro: la tecnología ya existe.
El rol clave de las regulaciones
El estudio enfatiza que disponer de la tecnología no es suficiente. Para convertir estas soluciones en resultados concretos, los gobiernos de la región deben establecer marcos regulatorios claros y predecibles que obliguen o incentiven a las empresas operadoras a actuar.
Con esta herramienta, los reguladores y tomadores de decisión de América Latina y el Caribe cuentan ahora con evidencia clara para priorizar inversiones, diseñar políticas públicas eficientes y transformar emisiones contaminantes en eficiencia operativa.
