La XI Semana de la Energía dedicó una sesión a la planificación energética y a su creciente importancia para orientar inversiones, fortalecer la seguridad del suministro y responder a sistemas cada vez más complejos. El debate destacó la necesidad de consolidar capacidades nacionales, incorporar riesgos climáticos y tecnológicos y mejorar la articulación entre planificación, regulación, infraestructura y sector privado.
La expansión de las renovables, la electrificación de la demanda, los eventos climáticos extremos y la velocidad de los cambios tecnológicos obligan a planificar en escenarios de mayor incertidumbre. Los participantes coincidieron en que no se trata de predecir un único futuro, sino de contar con instituciones, equipos y herramientas capaces de evaluar alternativas, gestionar riesgos y ajustar las decisiones a medida que cambian las condiciones. La continuidad institucional y la formación de capacidades propias aparecieron como condiciones centrales para sostener estos procesos en el tiempo.
Ángela González, de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana, presentó la experiencia del país, donde la planificación energética está establecida por ley desde 2001. “Lo más importante es hacer un plan energético que sirva no solamente para el Estado, sino también para todo el sector privado”, afirmó, y destacó la necesidad de anticipar nuevas demandas del sistema y dar previsibilidad a las inversiones.
Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE y moderador del panel, destacó que la planificación de largo plazo es central frente a los desafíos vinculados con la integración, la transición energética, la infraestructura, la seguridad y la resiliencia. En ese sentido, resaltó la creación en 2024 del Consejo Regional de Planeamiento Energético de OLACDE, como espacio para fortalecer capacidades, promover el intercambio entre países y construir una visión regional de largo plazo. También subrayó que una planificación más sólida es fundamental para mejorar la toma de decisiones, movilizar inversiones y vincular la agenda energética con las prioridades de desarrollo de América Latina y el Caribe.
Por su parte, Marina Gil Sevilla, de CEPAL / GET.Transform, señaló que más del 85% de los países de América Latina y el Caribe ya cuenta con algún instrumento de planificación energética de largo plazo, aunque los equipos suelen ser pequeños y sólo en cuatro países el proceso está establecido por ley. Destacó además el trabajo para incorporar los riesgos climáticos a la planificación eléctrica y fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos.
En esa misma línea, Ilse Berdellians, del OIEA, remarcó que “el país debe apropiarse de su proceso de planificación”. La asistencia externa puede aportar herramientas y conocimientos, explicó, pero la continuidad depende de capacidades nacionales permanentes y de la participación de universidades, especialistas y distintas instituciones en la formación de futuros planificadores.
Martha Carvalho, del BID, puso el foco en una planificación adaptativa: “no se trata de predecir con exactitud el futuro, sino de contar con herramientas que permitan tomar mejores decisiones de inversión frente a distintos escenarios y corregirlas cuando las condiciones tecnológicas, económicas, climáticas o regulatorias cambian”
Desde FGV Energía, Heloisa Borges Bastos Esteves sostuvo que “planificar no significa eliminar la incertidumbre, sino hacerla explícita”. Para ello, consideró necesario comprender qué riesgos se están asumiendo, cuáles pueden aceptarse y cuáles necesitan ser mitigados.
A su vez, Ricardo Gorini, de IRENA, destacó que “la planificación debe ayudar a identificar y mitigar riesgos para movilizar inversión privada”, mientras el Estado orienta las decisiones hacia objetivos de seguridad energética, desarrollo, competitividad y metas climáticas.
Finalmente, Gustavo Naciff de Andrade, asesor de Presidencia de EPE Brasil, sostuvo que “la planificación debe funcionar como un habilitador de inversiones”, generando información, escenarios y señales para las decisiones públicas y privadas. Destacó además la necesidad de una fuerte coordinación entre planificación, regulación y política energética dentro del propio Estado.
La discusión dejó una coincidencia central: una planificación sólida no elimina la incertidumbre, pero permite anticiparla, gestionar mejor los riesgos y tomar decisiones de inversión y política energética con mayor información, continuidad y capacidad de adaptación.
