Con el propósito de articular prioridades estratégicas entre gobiernos, empresas de primer nivel y la academia, se instaló este jueves en la capital dominicana el IV Diálogo Público-Privado del Consejo Empresarial de OLACDE, en el marco de la Semana de la Energía. El encuentro busca convertir el debate político en acciones concretas para fortalecer la seguridad energética y acelerar una transición justa en América Latina y el Caribe.
Durante la plenaria inaugural, el Consejo Empresarial —concebido como la instancia política empresarial de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía— puso sobre la mesa el impacto de la coyuntura geopolítica internacional. Las tensiones globales provocaron un incremento del 45% en el precio del petróleo desde febrero de 2026, con picos por encima de los 110 dólares por barril ante los ataques en el Estrecho de Ormuz, repercutiendo de forma directa en los precios internos, la inflación y las cuentas fiscales de la región. En este escenario, la inflación energética regional experimentó un giro drástico al pasar de 0,05% en febrero a un máximo de 8,03% en junio de 2026.
Ejes estratégicos y mesas de trabajo temáticas
Para dar respuesta a los desafíos estructurales, el Consejo estructuró su discusión en cuatro mesas temáticas articuladas con socios estratégicos internacionales:
Mesa 1: Hidrocarburos y Gas Natural, desarrollada junto con ARPEL, destacó que la región se consolida como un motor global al pasar de 7,5 millones de barriles diarios en 2020 a 10 millones en 2026, abarcando el 10% de la producción mundial gracias al liderazgo de Guyana, Brasil y Vaca Muerta, junto con el avance de la integración gasífera en el Cono Sur, Centroamérica y el Caribe.
El espacio reconoce que los hidrocarburos seguirán vigentes, exigiendo a la industria la incorporación de tecnologías de detección de fugas y pérdidas en producción y transporte para cumplir con la descarbonización, la seguridad energética y la competitividad, consolidando a la región como fuente segura de energía a nivel global; por ello, se solicita a OLACDE impulsar la estandarización de permisos, promover el diálogo regulatorio y posicionar a la región para atraer nuevas inversiones.
Mesa 2: Descarbonización de la demanda, junto con el Foro Económico Mundial (WEF) abordó la gestión de sistemas complejos frente a la creciente demanda eléctrica impulsada por la movilidad y los centros de datos.
Para hacer frente a este reto, el espacio destaca la necesidad de transformar el potencial regional en proyectos bancables e impulsar la integración mediante hubs y corredores que generen escala y demanda, jerarquizando al mismo tiempo la descarbonización para fortalecer la seguridad energética y la competitividad, y acelerando su implementación a través de soluciones graduales y una estrecha coordinación público-privada.
Mesa 3: Energías Renovables, en colaboración con IRENA, se enfocó en lograr proyectos financiables, desarrollar infraestructura de redes y asegurar la resiliencia ante el reto del 20% de energías renovables variables, considerando los 3,4 gigavatios de almacenamiento en baterías instalados en la región.
Para alcanzar estas metas, se destacó la importancia de establecer reglas que permitan a las renovables competir en condiciones equitativas, reducir los riesgos e imprevistos que encarecen o frenan las inversiones, y disminuir los tiempos reales de desarrollo y ejecución de los proyectos. Es importante enfatizar que para seguir avanzando en descarbonización, no se requieren ajustes a la normativa existente, sino un nuevo marco regulatorio. Asimismo, enfatiza la necesidad de contar con una planificación adaptada a las nuevas tecnologías, fortalecer las capacidades técnicas e institucionales, y avanzar sólidamente en los procesos de integración regional.
Mesa 4: Seguridad Energética, junto con CCREEE, profundizó en las vulnerabilidades macroeconómicas, el financiamiento y la integración regional para proteger a los sectores sensibles a las fluctuaciones de precios, mientras el Consejo Empresarial reafirmó que los retos actuales —como la transición hacia el 35% de demanda eléctrica proyectada al 2050 y la gestión de redes complejas— exigen una articulación efectiva y permanente entre el sector público y privado.
Para responder a estas necesidades, se destaca la urgencia de asegurar el financiamiento de proyectos estratégicos para la seguridad energética, especialmente en el Caribe, fomentar la cooperación activa entre organismos multilaterales, países e instituciones financieras, y desarrollar una planificación integral que incorpore los costos reales de la seguridad y de la transición.
